Autogobierno estatutario en el marco constitucional

El Partido Popular de Andalucía quiere terminar con las estériles manipulaciones que pretenden mantener viva una división artificial entre andaluces anclada en acontecimientos históricos ya superados por las nuevas generaciones y por los nuevos talantes derivados de los hechos constitucionales y estatutarios.

En vez de ello, promueve la confianza en las decisiones democráticas y en las instituciones autonómicas, impulsa los sentimientos de orgullo que la inmensa mayoría de los andaluces sienten hacia sí mismos y hacia su trayectoria histórica y anima su protagonismo para decidir el propio futuro en el marco constitucional español y también en el europeo, cuando se tenga.

El Partido Popular de Andalucía quiere la mayor autonomía política para Andalucía, la quiere en el marco constitucional de 1978, sin dudas ni reticencias y la quiere en el espíritu de la mayor cooperación entre todas las comunidades autónomas de España y de cada una de ellas con el Gobierno de la Nación, sea cual sea éste en cada momento histórico.

El andalucismo del Partido Popular tiene presente que la Constitución Española supone el mayor esfuerzo de convivencia realizado por los españoles en los dos últimos siglos y que su aplicación y desarrollo han conseguido la transformación de España en una sociedad abierta, democrática, descentralizada, cada vez más próspera y crecientemente cohesionada en el proyecto de una Europa unida.

Muy especialmente, es la Constitución de 1978 la primera Constitución española que ha amparado un Estatuto de Autonomía para Andalucía. Los derechos y libertades que proclama han consolidado, por vez primera en nuestra historia, el hecho político de la Comunidad Autónoma Andaluza haciendo posible la libre contribución política andaluza a un proyecto común de España.

La Andalucía del Estatuto supone y exige la presencia de una España plural y común que es constitucionalmente garante del Estado de las Autonomías, integra sus elementos diferenciales en el seno de la unidad nacional y proyecta la cohesión de esta pluralidad constitutiva en objetivos compartidos.

El andalucismo del Partido Popular, basado en el andalucismo estatutario, promueve el pleno desarrollo del Estatuto de Autonomía y el cumplimiento efectivo de lo que se expresa en su articulado antes de proponerse su reforma o alteración. Por ello, el Partido Popular de Andalucía cree que su pacífica y fecunda aportación no puede ser dilapidada por "relecturas" constitucionales o reformas estatutarias caprichosas desprovistas del grado de consenso con que contaron y cuentan tanto el Pacto Constitucional como el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Igualmente, no consideramos que el actual momento histórico, en el que se está produciendo una ofensiva nacionalista sin precedentes contra el fundamento del consenso constitucional, sea el más oportuno para plantearse reformas que pueden esperar sin daño alguno para el desarrollo de los objetivos fundamentales de la autonomía andaluza.

No es necesario proceder a una reforma constitucional para lograr una mejora funcional del Senado para que cumpla más apropiadamente su misión de cámara de representación autonómica, mejora que deseamos porque permitirá que la voz de Andalucía se oiga con más claridad y precisión en España.

El Parlamento de Andalucía, máximo órgano de representación de los ciudadanos andaluces, debe convertirse en el eje vertebral de la política andaluza y junto con el impulso autonómico a la Administración de Justicia reequilibrar los ^ poderes democráticos de la comunidad andaluza, hasta ahora desequilibrados a favor del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Para acrecentar el común patrimonio histórico, es preciso reforzar la cooperación política y la cohesión territorial y social. España ha recorrido un importante camino descentralizador que respeta y asume sus diferencias internas en el marco de un diálogo continuo. La comunidad andaluza debe contribuir a este diálogo sin renuncia a sus legítimas aspiraciones pero rechazando cualquier estrategia de confrontación.

El Partido Popular de Andalucía considera que para hacer efectiva la contribución de la comunidad andaluza a la cooperación interna y a la cohesión nacional, debe potenciarse el diálogo nacional entre el Estado, las comunidades autónomas y los Municipios y fortalecerse las Conferencias Sectoriales para mejor definición del interés general.

Igualmente, cree que debe propiciarse un modelo de Administración que evite duplicidades, reduzca gastos y sirva eficiente y eficazmente a los ciudadanos en cualquier punto del territorio andaluz.

El sistema de financiación del Estado de las Autonomías impulsado por el Partido Popular desde 1996 y consensuado con todas las comunidades autónomas en el año 2001, constituye un marco estable que descansa en la corresponsabilidad fiscal, en la autonomía financiera y en la solidaridad interterritorial.

El Partido Popular de Andalucía cree que la Junta de Andalucía, además de demandar la solidaridad del resto de las Comunidades y del Estado cuando sea necesario, debe asumir una mayor corresponsabilidad fiscal de modo que los ciudadanos andaluces sepan lo que sus gobiernos gastan, en qué lo gastan, cuáles son las repercusiones de esos gastos en sus propios bolsillos y cuáles sus consecuencias en el bienestar general de Andalucía.

La autonomía y la descentralización que acercan servicios de mayor calidad y proximidad a los ciudadanos no pueden detenerse en la Administración Autonómica sino que tiene que llegar decididamente a la Administración Local. La autonomía de los Ayuntamientos, fundamentada en más competencias y recursos suficientes, no debe ser obstaculizada sino favorecida por la Junta de Andalucía.

El Partido Popular de Andalucía cree que si, desde la aprobación de la Constitución, el proceso de descentralización política se ha basado en la transferencia de competencias a las comunidades autónomas, ahora, en cumplimiento del principio de subsidiariedad, ha llegado el momento de transferir competencias y recursos a los Ayuntamientos para extender los beneficios de esta "segunda descentralización" a todos los municipios.

 

El Partido Popular es consciente de que las personas nacen, se desenvuelven socialmente, disfrutan o no de los derechos y deberes democráticos y de la igualdad de oportunidades y se curten en la civilidad democrática en los municipios. Los Ayuntamientos son la Administración más próxima y es en ellos donde los ciudadanos, en primera instancia, deben encontrar servicios adecuados y atención de calidad.

El municipalismo del Partido Popular de Andalucía nada tiene que ver con un cantonalismo absurdo ni con los planteamientos municipales autárqui- cos que se obcecan en ignorar las ventajas de compartir recursos y servicios cuando es necesario.

 

Corresponde a la Junta de Andalucía continuar el camino descentralizador de sus competencias que permita que los Ayuntamientos y Diputaciones sean los que presten servicios de calidad, más próximos a los ciudadanos, con la financiación suficiente y la eficiencia necesaria. Para ello, una vez conseguido el Pacto Local Nacional, es preciso definir con urgencia el Pacto Local Andaluz.

El crecimiento inmoderado de la Administración autonómica andaluza no siempre controlado por el Parlamento andaluz, la arbitrariedad administrativa, la discriminación por motivos partidistas o interesados, la corrupción y los fraudes son perversos para la confianza de la sociedad andaluza, para el respeto a la competencia leal, para su desarrollo económico y social y para la consolidación de los valores cívicos.

Por ello, el Partido Popular de Andalucía cree que la Junta de Andalucía y sus instituciones autonómicas y municipales deben incentivar claramente en el conjunto de la sociedad andaluza las buenas prácticas públicas y privadas y penalizar y erradicar los comportamientos irregulares.

En este sentido, el Partido Popular considera adecuado y necesario proponer el compromiso por la estabilidad presupuestaria, base de las políticas de estabilidad en toda la Unión Europea y fundamento del crecimiento económico y del empleo.

Y consecuentemente, promete una profunda reforma de la función pública que corrija los procesos de crecimiento inmoderado y centralización asfixiante introduciendo criterios descentralizadores en la configuración de la Junta de Andalucía que tengan en cuenta la importancia de las ocho capitales andaluzas y la relación de las provincias con los sectores productivos.