La política socialista en materia de agricultura y ganadería ha carecido de una dirección clara. Bajo la patina de un rosario de planes estratégicos aparece una política inmovilista, que no mira al futuro, poco eficaz, cada vez más devaluada, que pierde peso y presupuesto. 

Una política que consolida grandilocuentes planes que no solucionan problemas concretos de la agricultura andaluza y lo que es peor, tienen un elevado coste tanto económico como de oportunidad. El sector agrario no puede olvidarse en ningún caso.

En el campo se tiene la sensación de que a lo largo de estos años las principales reivindicaciones del sector no han sido tenidas en cuenta por un Gobierno socialista, más preocupado por la confrontación con el Gobierno de España que por resolver los problemas de Andalucía.

Efectivamente, no se ha avanzado nada. A título de ejemplo valga la nula la participación de las asociaciones agrarias en el diseño y elaboración de los distintos presupuestos, ya que los diferentes planes estratégicos donde colaboraron (de agricultura ecológica, de la fresa, del sector hortofru- tícola, etc.,...), no guardan coherencia con lo aparecido en sus distintas leyes presupuestarias.

Tampoco se ha caracterizado este Gobierno del PSOE por su preocupación por racionalizar la desproporcionada estructura de la Consejería. La incapacidad del Gobierno socialista de la Junta y de la Consejería para contener el gasto corriente es manifiesta, un gasto corriente que se eleva hasta un 25,55% si incluimos las partidas de

Instituto Andaluz de Reforma Agraria y del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, subiendo más de 15 millones de euros respecto al año anterior. De cada 100 euros que se gestionan desde la Consejería de Agricultura, 25 euros se quedan en el camino.

Como resultado, se puede afirmar que el gasto corriente, si reagrupamos la Consejería y sus Institutos, no solo no baja, sino que sube un 9,24%, nada menos que 2 puntos por encima de la media del presupuesto para 2004, hasta situarse en 25,55 del presupuesto de Agricultura y Pesca.

La política de esta Consejería, eminentemente gestora de políticas económicas, ha demostrado por tanto un elevado peso del gasto corriente en detrimento de las políticas de fomento económico, que sólo suben un 6,25%. El año anterior, de cada 100 euros que invertía la Junta, 15,21 euros se destinaban a la Agricultura. Hemos perdido 2 euros de cada cien respecto a 2003, euros que ya no se ejecutarán.

A ello hay que añadir la falta de transparencia y la calidad en la gestión de los asuntos del sector. ¿Cuántos expedientes de ayuda para jóvenes agricultores quedan sin resolverse? Nadie lo sabe. ¿Cuántos expedientes de arreglo de caminos rurales se solicitan, y cuántos se conceden? Otro misterio sin resolver.

Es absolutamente necesario instaurar sistemas de calidad en una Consejería que ha demostrado sobradamente su falta de eficacia, endogamia y poco eficiencia en negociado de las transferencias, su poca implicación con el I+D+i, su falta de un proyecto propio de modernización, su carencia en políticas de energía, etc.

Los Planes, contradictorios e inconsistentes, han supuesto el principal sustento de la política agraria socialista en Andalucía. Una

política agraria que ha crecido en sintonía con la media del presupuesto en el nivel de estructura económica, pero que viene decreciendo en el presupuesto consolidado de gastos. Una política cuyo presupuesto de gasto corriente crece sin propósito de enmienda.

Hemos asistido a una política que es una contradicción en sí misma, fiel reflejo del momento que atraviesa el Gobierno del PSOE en Andalucía, desarrollando un conjunto de Planes y orientaciones políticas, que en su globalidad carecen de consistencia puesto que no disponen de un apoyo presupuestario adecuado:

El Desarrollo Rural se ha convertido en una vulgar política de transferencia de fondos sin criterio ni coherencia para tapar déficits, arreglar jardines y acerados, incluso suplantar con dinero público a los empresarios locales. ¿Cómo se explica que se subvencione un restaurante municipal, un hotel rural municipal y quede pendiente sin ayudas el empresario local que quiere hacer una inversión en hostelería? Esta política no favorece la creación de empresas y empleo.

No es suficiente que los fondos para el desarrollo rural crezcan, sino que este crecimiento se oriente hacia los empresarios rurales, mientras que la realidad indica que lo que crece es el gasto corriente de los grupos de desarrollo rural y las inversiones se realizan con carácter político sin ningún tipo de control sobre sus resultados.

• El PLAN ESTRATÉGICO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA está levantando las críticas de todo el sector por su falta de contenido presupuestario y la carencia de coordinación. Su seguimiento se limita a reuniones anuales, sin que haya una comunicación fluida y continua entre la Consejería y las organizaciones agrarias y entidades implicadas.

Como muestra de la carencia de interés, las Medidas agroambientales, que suponía el grueso de financiación del Plan Estratégico, ha disminuido para el año 2004, en 1,7 millones de euros.

Las Oficinas Comarcales Agrarias se

muestran incapaces de solucionar las necesidades de las pequeñas empresas agroin- dustriales, creadoras de empleo y riqueza en el medio rural.

Las Medidas Agroambientales son gestionadas de manera errática. Nunca se sabe cuándo se convocan, nunca se sabe cuándo se aprueban, nunca se sabe cuándo se pagan. Más que medidas para favorecer la agricultura sostenible, parece una especie de lotería. Además su presupuesto se reduce de manera importante. El total de medidas de acompañamiento para este año 2004 se ha visto reducido en un 9,52% donde se incluye además de las medidas agroambientales, las ayudas a la forestación de tierras agrarias.

La Indemnización Compensatoria de Montaña ha visto reducido su presupuesto en 700.000 euros, señal de la falta de atención del Gobierno socialista a los agricultores y agricultoras de las zonas desfavorecidas. Es incomprensible este recorte teniendo en cuenta que la agricultura es la actividad principal de estos territorios desfavorecidos y amenazados por la despoblación y el envejecimiento.

•     En lo referente a Sanidad Animal, las ayudas destinadas para agrupaciones de defensa sanitaria de ganaderos bajan en 400.000 euros. Resulta contradictorio este reparto, cuando las agrupaciones son elementos claves para erradicar las enfermedades animales y evitar por tanto, los gastos en indemnización. Es necesario potenciar acciones preventivas y favorecer el funcionamiento de dichas agrupaciones de defensa sanitaria.

•     La política de Seguros, fundamental para garantizar las rentas del sector, ve rota la evolución positiva del pasado año y baja un 2% lo que supone un recorte de 250.000 euros. El Gobierno de PSOE margina y desincentiva uno de los principales instrumentos para el mantenimiento de los ingresos del sector. Este recorte supone un coste añadido en la cuenta de resultados de los agricultores andaluces. Resulta ridículo que no se luche en pro de conseguir la universalización del aseguramiento, clave para la buena salud del propio sistema asegurador.

•     La Política de incorporación de Jóvenes Agricultores y de Mejora de Estructuras se ha hecho de forma ridícula. Esta actitud demuestra la escasa sensibilidad de la Consejería socialista hacia los profesionales de la agricultura andaluza con las consecuencias que para muchos jóvenes en nuestros pueblos tiene esta falta de sensibilidad.

•     Las infraestructuras rurales no han merecido la atención debida del Gobierno socialista, principalmente el mantenimiento de caminos y la mejora de regadíos.

• El Plan Hortofrutícola no está sirviendo para solucionar el mayor problema que tiene el sector, como es la absoluta falta de control de los precios en destino. Es fundamental que tengamos explotaciones hortofrutícolas modernas y sostenibles, pero también que tengamos estructuras de distribución y comercialización sanas y transparentes. Es prioritario la creación de un Observatorio Andaluz de Precios Agrarios y la efectiva puesta en marcha de los parques agroalimen- tarios donde participen coordinadamente los agricultores y los grupos de investigación.

Sin embargo, en vez de buscar la colaboración del sector productor, a los que sólo ofrece 160 mil euros mediante el Plan de Comercialización del Sector Hortofrutícola, el Gobierno del PSOE prefiere endosar 10 millones de euros a la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A. (DAPSA) para promoción agroalimentaria sin contar con el sector.